Con actividades durante 24 horas, clases públicas y servicios gratuitos, universidades de todo el país se movilizan bajo el lema “la universidad no se apaga”. Estas medidas de fuerza buscan visibilizar el reclamo por la falta de actualización salarial y de becas, mientras avanza la disputa judicial con el Gobierno nacional.
Bajo la consigna “la universidad no se apaga”, universidades nacionales de todo el país avanzan con una nueva medida de visibilización en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa comenzó a las 8 de este miércoles y se extenderá durante 24 horas, con instituciones abiertas de manera ininterrumpida y una agenda que incluye clases públicas, actividades académicas, culturales, científicas y servicios gratuitos para la comunidad.
La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas, junto con gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Se prevé la participación de más de 30 casas de estudio en todo el país, con el objetivo de reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la normativa vigente, que establece la actualización de salarios docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles.
Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) definieron la modalidad como un “paro a la japonesa”, en referencia a la continuidad de las actividades con apertura total de las instituciones. En ese marco, se dispusieron servicios gratuitos durante toda la jornada, incluyendo atención odontológica, oftalmológica, médica, psicológica y veterinaria en trailers instalados en Plaza Houssay, con turnos gestionados vía WhatsApp. También se sumaron los colegios preuniversitarios: el Colegio Nacional de Buenos Aires convocó a un abrazo simbólico y el Carlos Pellegrini organizó una clase abierta por streaming.
En la UBA realizaron una conferencia encabezada por el rector Ricardo Gelpi, junto a decanos, autoridades de colegios preuniversitarios y el presidente del CIN, Franco Bartolacci. En ese espacio, las autoridades universitarias formalizarán una presentación ante la Justicia por el incumplimiento de la ley y enviarán una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigiendo la convocatoria a paritarias y la aplicación urgente de los artículos 5 y 6 de la norma.
El cierre de la jornada está previsto para el jueves a las 8, con una clase pública frente a la Secretaría de Educación. En paralelo, los rectores anticiparon que, en caso de no obtener respuestas, avanzarán con la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria durante la primera quincena de mayo.
Ley de financiamiento universitario
El conflicto tiene como eje la falta de implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado y promulgada en octubre tras la insistencia legislativa frente al veto presidencial. El 31 de marzo último, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con los artículos que establecen la recomposición salarial y la actualización de becas.
Sin embargo, el Gobierno nacional sostiene que no avanzará con la aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, lo que derivó en la judicialización del conflicto. Según trascendió, el Ejecutivo analiza presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema antes del 17 de abril. En caso de ser concedido con efecto suspensivo, la aplicación de la cautelar podría quedar en pausa hasta una definición del máximo tribunal.
En este contexto, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que las universidades buscan “compartir con la comunidad lo que produce, genera y crea la universidad argentina” y alertó que, de no modificarse la situación, “esa potencialidad del sistema universitario y científico se irá apagando”. Además, confirmó que informarán a la Justicia sobre el incumplimiento del fallo y reiteró el pedido de apertura de paritarias.
Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la falta de diálogo institucional y señaló que “el Gobierno no puede estar al margen de la ley”, al tiempo que remarcó la necesidad de discutir no solo la cuestión salarial, sino también otros aspectos estructurales del sistema universitario.
Desde el sector estudiantil, Joaquín Carvalho advirtió que la actual semana “marca un quiebre” y anticipó nuevas movilizaciones si no hay respuestas oficiales. En esa línea, el deterioro salarial aparece como uno de los principales focos de conflicto: según datos difundidos por los rectores, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios aumentaron un 158%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo del 32%.
El impacto se refleja en los ingresos del personal docente. De acuerdo con la grilla de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), un jefe de trabajos prácticos percibió en marzo un salario básico de $260.580 con dedicación simple, mientras que un profesor adjunto cobró $303.420 en la misma modalidad.
En cuanto a las becas, el artículo 6 de la ley establece su actualización automática según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, los rectores señalaron que el presupuesto vigente del programa Progresar sufrió una reducción significativa, con una caída nominal del 82% entre 2025 y 2026 y un retroceso real superior al 95% respecto a los valores de 2023.
El conflicto universitario, que ya tuvo su punto más alto en 2024 con la primera marcha federal contra la actual gestión, suma así un nuevo capítulo en medio de tensiones crecientes entre el sistema académico y el Gobierno nacional.