La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aprobó un nuevo Manual de Procedimiento que unifica las reglas para habilitar radares fijos y móviles en rutas nacionales. Con el objetivo de terminar con las “zonas grises” y los abusos recaudatorios, las provincias y municipios deberán presentar informes técnicos con estadísticas reales que justifiquen el riesgo vial antes de colocar un dispositivo.
Entre los puntos más destacados de la normativa se exige:
- Justificación técnica: Las solicitudes pasarán por el Observatorio Vial, que evaluará la siniestralidad del tramo, coordenadas geográficas exactas y cercanía con escuelas u hospitales.
- Prohibición de privatizaciones: Queda terminantemente prohibido privatizar o concesionar el control directo de las multas y el juzgamiento de las infracciones, tareas que quedarán en manos de funcionarios públicos y personal matriculado.
- Transparencia y datos: Las comunas deberán reportar las infracciones en tiempo real a los sistemas nacionales (SINAI y CeNAT) y señalar adecuadamente la presencia de los cinemómetros.
Con esta medida, la ANSV busca garantizar que el uso de radares responda estrictamente a la prevención, la disuasión y la educación vial en todo el país.
