Política

Narcotest obligatorio en Misiones: “Debemos dar el ejemplo”, afirmó el subjefe de Policía

En un gesto que busca ratificar la transparencia institucional, el subjefe de la Policía de Misiones, comisario general Marcos David López Asencio, se presentó este miércoles en el Centro de Atención Primaria N°11 para someterse al examen toxicológico obligatorio. La medida, que rige para funcionarios y fuerzas de seguridad, fue oficializada por el gobernador Hugo Passalacqua mediante el Decreto Provincial 776/26.

Diario SOL pudo constatar mediante las fuentes consultadas que el procedimiento se inició con la firma de un consentimiento previo y la toma de una muestra de orina. López Asencio detalló que el sistema cuenta con un estricto resguardo de evidencia y una cadena de custodia precintada para garantizar que el proceso no sea vulnerado. “Al ser nosotros responsables de dar cumplimiento a la ley, la ética y la moral siempre es lo que tiene que primar”, sentenció el jefe policial.

Protocolos y sanciones ante resultados positivos

Según averiguaciones de este medio, la fuerza provincial ya implementaba controles internos, pero el nuevo marco legal estandariza el acompañamiento y las sanciones. El protocolo vigente establece que, ante un resultado positivo, el efectivo recibe asistencia interdisciplinaria y es apartado de sus funciones de manera inmediata.

Sin embargo, la postura de la cúpula es inflexible respecto a la permanencia en la institución:

“Nosotros no podemos tener personal policial que consuma sustancias. Si no regulariza su situación, directamente es retirado de las filas policiales”.

Alcance y sustancias detectadas

La normativa, impulsada en el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones”, alcanza también a integrantes del gabinete provincial, personal penitenciario y agentes del sistema público de salud. Los análisis buscan detectar metabolitos de sustancias como:

  • Cocaína y cannabinoides.
  • Opioides y barbitúricos.
  • Anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA.

El objetivo final, según el texto oficial, es garantizar la idoneidad ética en el ejercicio de la función pública y fortalecer la confianza de la sociedad en sus servidores.

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