El recorte sostenido de transferencias del Gobierno nacional a las provincias dejó un saldo significativo en los últimos 26 meses. Según un informe que analiza el período comprendido entre enero de 2024 y febrero de 2026, la caída acumulada asciende a 18.000 millones de dólares, en un contexto de ajuste fiscal que también redefine el vínculo entre Nación y las jurisdicciones subnacionales.
En ese escenario, Misiones aparece entre las afectadas. De acuerdo a los datos relevados, la provincia dejó de percibir 164 millones de dólares en concepto de transferencias automáticas, es decir, fondos correspondientes a la coparticipación federal. A su vez, según estimaciones del IARAF, si se incorporan las transferencias no automáticas, la pérdida total treparía a unos 500 millones de dólares.
Según averiguaciones de este medio, el ajuste se materializa a través de dos vías. Por un lado, las transferencias no automáticas —determinadas por decisión del Ejecutivo nacional— y, por otro, las automáticas, vinculadas directamente a la recaudación de impuestos coparticipables.
En términos generales, la reducción de fondos no automáticos para el conjunto de las provincias alcanzó los $20,5 billones a valores constantes de febrero de 2026, mientras que las transferencias automáticas registraron una merma adicional de $15,6 billones. Diario SOL pudo constatar mediante las fuentes consultadas que el recorte total asciende a $36 billones, con un 57% explicado por decisiones discrecionales y un 43% por la dinámica de la recaudación.
Este esquema responde tanto a una estrategia de reducción del gasto público como a modificaciones en el sistema tributario. Entre ellas, se destacan medidas como la restitución de certificados de exclusión del IVA en 2025 y cambios en impuestos como Ganancias y Bienes Personales, que impactaron en los recursos coparticipables.
Un dato que introduce un elemento diferencial es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró un incremento acumulado de $550.000 millones. Esto se vincula con una medida cautelar de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%, generando una asimetría en la distribución de fondos.
El informe también revela que el impacto no es uniforme. Mientras Buenos Aires encabeza las pérdidas en términos absolutos, el análisis per cápita muestra que las provincias más pequeñas sufren con mayor intensidad la reducción de recursos, debido a su mayor dependencia de las transferencias nacionales.
En este contexto, la disminución de fondos discrecionales limita una de las principales herramientas de negociación política entre Nación y provincias. Al mismo tiempo, la caída en las transferencias automáticas restringe las posibilidades de compensación a través de la coparticipación.
Así, el escenario actual configura un doble condicionamiento para las jurisdicciones: menos asistencia directa y menor flujo estructural de recursos. Todo indica que se trata de un proceso que podría reconfigurar el federalismo fiscal, aunque su impacto político aún está en desarrollo.