Un informe psicológico, hecho tras declaraciones de menores víctimas de corrupción de parte de un docente, identificó elementos para investigar al resto del plantel
Un informe psicológico, hecho sobre entrevistas con niñas y adolescentes que habrían sido víctimas de corrupción y abuso sexual de parte de un docente fue clave para solicitar a la Justicia que investigue por encubrimiento al plantel docente de una escuela de frontera de El Soberbio.
Se trata de la Escuela 617 donde un exmaestro, Emanuel F. (30), fue denunciado en septiembre del 2025 por fotografiar a chicos de 12 años en poses inusuales. También se lo acusa de sobornarlos y manipularlos para que accedieran a ello.
Como ya viene informando El Territorio, el exdocente fue detenido en septiembre del 2025 y excarcelado el 23 de diciembre de ese año. A los dos meses, infringió una perimetral al contactar por TikTok a una de las menores, lo que motivó una nueva orden de detención que se concretó el 28 de abril.
A la veintena de denuncias por estos hechos, en marzo la menor que habría sido contactada por la red social contó otro grave episodio. En ese entonces, confesó ante sus padres y luego ante la Policía haber sufrido tocamientos de parte del mismo profesor, por lo que la querella solicita con urgencia que se le impute el cargo de abuso sexual simple y tentativa de abuso con acceso carnal.
Pero lejos de cerrarse el caso con esta nueva detención, las familias cuestionaron desde el principio el rol que cumplieron los directivos de ese establecimiento así como otros docentes. Si hubo complicidad y ocultamiento de esta violencia es la pregunta que todavía resuena.
En ese marco fue que en enero de este año, y tras varias audiencias de Cámara Gesell hechas a las menores presuntas víctimas, una perito del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial envió un informe al juez de instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, solicitando que indague al plantel docente completo del establecimiento por encontrarse en un posible hecho de encubrimiento.
Así lo describió el abogado querellante de las familias, Adrián Gianini, quien enfatizó la relevancia de ese escrito que, según contó, todavía no fue resuelto por el Juzgado. “La perito escribe esta situación en su informe y le dice al juez que tiene que investigar a todo el cuerpo docente que estuvo encubriendo todos estos delitos durante estos años, porque recordemos que esto se extendió en el tiempo: fueron muchas víctimas”, remarcó.
“La profesional detectó esto en la Cámara Gesell y le dice al juez, de alguna forma, que tiene que investigar a todo el cuerpo docente. Sin embargo, pese a que nosotros ya lo pedimos en varias oportunidades y además este informe que tiene carácter científico, el juez omite directamente imputar”, cuestionó en conversación con El Territorio.
Sobre las conductas que fundamentan el pedido de imputación e investigación, el abogado sostuvo que “hay pruebas de que la directora de la escuela, la otra maestra de grado y el imputado se reunieron antes de ir a declarar. Se reunieron en la comisaría”.
“Se reunieron para concertar sus declaraciones, después fueron y declararon. Todo esto surge de sus propios testimonios, es decir que ellos mismos lo reconocieron, y eso es motivo suficiente para que se los investigue por el delito de encubrimiento”, enfatizó.
Piden apartar al juez
Esa seguidilla de lo que acusaron como irregularidades, habría motivado un pedido para apartar al juez Casco de la causa.
“Pese al requerimiento explícito que hace la perito, el juzgado hace oído sordo directamente”, observó Gianini, al señalar que las medidas solicitadas por la profesional no fueron respondidas formalmente. “Lo que puede hacer un juez es decir que no y fundamentar, lo que da la oportunidad de apelar, pero en este caso hubo un silencio”, acusó.
El letrado advirtió que esta situación impacta directamente en las víctimas. “Sistemáticamente las niñas no están siendo escuchadas, siempre están siendo pasadas por alto en todos sus reclamos”, lamentó.
En ese contexto, el 11 de febrero la querella solicitó la recusación del juez, argumentando que las medidas dispuestas mostraron parcialidad a favor del docente imputado. “Se ocultaron pruebas desde el inicio y es gravísimo, porque un juez que trabaje mal puede ser, pero que oculte deliberadamente evidencia, es insostenible”, remarcó Gianini.
El abogado señaló que el trámite no avanzó como corresponde. “Es un trámite rápido, no hay demoras ahí, pero ya pasaron más de dos meses y vamos para los tres sin respuesta”, indicó.
De acuerdo con el abogado, el expediente vinculado a la recusación, que actualmente está en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Posadas, tuvo un derrotero irregular porque “primero no llegaba (al sistema digital) y después llegó roto ese archivo, no se puede ver el contenido digital”, explicó.
A ese error técnico, sumó que “la Cámara ni siquiera tenía nuestro escrito; ahora lo tiene porque se lo enviamos nosotros directamente, pero no es el canal institucional”.
En esa línea, Gianini también apuntó contra la actuación del juzgado frente a esta anomalía. “Denunciamos esto y nos dijeron ‘no tenemos nada que ver, vayan a la Cámara’, cuando son ellos los que tienen que resolver si hay un problema técnico”, cuestionó.
“El juez se auto perdonó”
Uno de los aspectos más graves señalados por la querella tiene que ver con una resolución que habría sido adoptada por el propio juez. “Usurpó las facultades de la Cámara y dictó una resolución donde él se autoperdonaba de la recusación”, describió.
Siempre según lo denunciado por la querella, el magistrado emitió una sentencia en la que sostuvo su propia imparcialidad y dispuso continuar al frente del expediente. “Dictó una sentencia diciendo que es un juez imparcial, cuando eso lo tiene que resolver la Cámara de Apelaciones”, remarcó.
Según contó, esa resolución fue enviada para su archivo al Tribunal Penal de Oberá. “Para nosotros fue una jugada para esconder el expediente”, observó el abogado. Desde ese tribunal rechazaron el trámite y devolvieron las actuaciones: “Le marcaron cuáles son los artículos y que la competencia es de la Cámara de Apelaciones de Posadas. Fue como darle una clase de derecho procesal al juez”, ironizó.
Desde entonces, la Cámara de Apelaciones en lo Penal tomó intervención y solicitó la totalidad de las actuaciones. “Se está moviendo bien, rápido, tomaron las riendas”, valoró el abogado, aunque advirtió que las dificultades persisten.
Para la querella, la continuidad del juez en la causa resulta inviable. “Su permanencia ya es insostenible en el expediente. Hace falta un juez imparcial que investigue y que no deniegue justicia: acá lo que está habiendo es una denegación de justicia para niñas”, sostuvo. “Hablamos de corrupción de menores contra 20 víctimas dentro del aula, y no hay ni un docente imputado como corresponde. Hay cómplices”, advirtió.
