El gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, Juan Benítez, advirtió sobre el impacto del contrabando y la falsificación en el sector. Detalló cómo operaba una megafábrica clandestina en San Luis y las consecuencias para los productores locales.
El mercado ilegal de cigarrillos en la Argentina ya representa un problema estructural que afecta de manera directa a las economías regionales y a los trabajadores de la tierra. Los productores tabacaleros de las provincias del NEA y el NOA enfrentan una competencia desleal que drena recursos clave para su subsistencia. El ingreso de mercadería de contrabando y la proliferación de plantas clandestinas de producción nacional golpean de lleno en el Fondo Especial del Tabaco (FET), la herramienta que sostiene la actividad de miles de familias rurales en el norte del país.
Juan Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, analizó el escenario actual y precisó el alcance de esta problemática: “En Argentina aproximadamente el 10% del mercado es ilegal. Esa ilegalidad se combina entre producto de contrabando, producto falsificado y producto 100% ilegal hecho en Argentina”. El directivo explicó que el ingreso de mercadería sin registrar se concentra especialmente en las zonas de frontera, con el territorio paraguayo como el principal emisor de estos cargamentos.
La magnitud de las organizaciones que operan detrás de este negocio ilícito quedó en evidencia recientemente con un megaoperativo judicial. Las fuerzas de seguridad desarticularon una estructura de grandes dimensiones que funcionaba en el centro del país. Benítez relató los detalles de este procedimiento: “Recientemente en el mes de mayo logramos desarticular una fábrica junto a Prefectura y un trabajo de la Justicia Federal, una fábrica que producía ilegalmente cigarrillos en la provincia de San Luis, con distribución a todo el país y además llevaban de contrabando cigarrillos a Brasil y a Chile”. Según el ejecutivo, se trataba de “una estructura muy potente, con una producción de cigarrillos de 26 millones de atados de cigarrillos por año, una ganancia aproximada de 30 millones de dólares al año neto de ganancia”.
Trata laboral e infraestructura clandestina
El establecimiento desmantelado no solo operaba al margen de las normas fiscales, sino que también sometía a sus operarios a condiciones extremas de explotación. La planta contaba con dimensiones inusuales para el sector informal. Benítez describió que el lugar era “muy grande, una planta industrial de aproximadamente 100 metros de largo, media cuadra de ancho, y una producción y un volumen inmenso con trabajo en condiciones de trata laboral”. El nivel de aislamiento que imponían los encargados de la fábrica a su personal era total: “Había cinco ciudadanos paraguayos dentro de la fábrica encerrados con inhibidor de señales donde no podían salir”.
Esta clase de operaciones clandestinas daña de forma directa las arcas del Estado y el financiamiento de los programas que asisten a los pequeños productores. El gerente de la firma tabacalera puntualizó que la planta clausurada “producía aproximadamente el 1.6 del mercado argentino, 100% ilegal, es decir que pagaba cero impuestos, por ende cero al FET, cero a cualquier programa sanitario”. Benítez recordó la alta carga tributaria que pesa sobre el sector y cómo repercute esta evasión: “El cigarrillo tiene prácticamente el 80% de su valor es impositivo, con lo cual es una afectación inmensa a la recaudación fiscal del país, al FET y al negocio”.
El impacto en las familias tabacaleras
La cadena de valor del tabaco sostiene el empleo de miles de familias en el interior profundo de la Argentina, quienes ven amenazados sus ingresos por el avance de la informalidad. Benítez remarcó que esta actividad ilegal “desprestigia por supuesto a la marca y hace daño a todo el ecosistema del negocio”. El directivo puso en relieve el valor social del sector primario: “El negocio nace desde el productor tabacalero hasta el punto de venta que es el punto final. Y es una cadena que tiene 14.000 productores rurales que siembran y cosechan tabaco y es un entorno, un ecosistema que directa o indirectamente da trabajo a 300.000 argentinos”.
Por último, el representante de la compañía advirtió sobre las consecuencias directas que sufren las personas al consumir mercadería de origen dudoso en los comercios de barrio. Para Benítez, las maniobras de falsificación representan un peligro directo en los mostradores: “Al consumidor lo engañan, y muchas veces cae en ese engaño y termina comprando un producto que no es original, que no reúne las características que tienen nuestros cigarrillos, ni la calidad de tabaco que tienen”. En ese sentido, concluyó que quien adquiere estos paquetes falsificados “se va a enfrentar con un producto que no sabe cuál es su origen” y que, al no contar con controles, “expone a mayores riesgos su salud porque es un producto que no tiene ninguna certificación”.