El proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar el arancel único nacional del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Ley 24.901), permitiendo que cada obra social, prepaga o provincia fije sus propios valores de pago para servicios como transporte, rehabilitación, apoyo escolar y centros de día, dejando únicamente la garantía de un piso mínimo común.
Esta desregulación provoca que los precios se negocien directamente entre financiadores y prestadores, lo que según especialistas precarizará los servicios, deteriorará la atención adaptada que requieren los pacientes y transformará un derecho fundamental en una mercancía accesible solo para quienes puedan pagarlo. Esta medida impactará con mayor dureza en Misiones y la región del NEA debido a que no cuentan con el adicional del 20% por zona desfavorable que sí tiene la Patagonia, lo que sumado a las grandes distancias y la menor disponibilidad de profesionales, reducirá la oferta privada y trasladará la demanda al sistema de salud público local, el cual ya enfrenta mayores gastos en un contexto de menor recaudación.
Todo este escenario se da en un sector golpeado históricamente por retrasos en los pagos que superan los 180 días y por un desfasaje constante de los aranceles frente a la inflación acumulada.
