El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,85% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. La medida fue confirmada mediante una resolución publicada este lunes y se aplica en el marco de la fórmula de movilidad vigente, basada en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El incremento alcanza a los haberes previsionales del sistema general administrado por la ANSES y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales implementado por la administración nacional, en reemplazo de la anterior fórmula trimestral. Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo busca mantener una actualización más frecuente de los ingresos y preservar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.
Sin embargo, el anuncio generó fuertes cuestionamientos debido a lo exiguo del porcentaje, especialmente en un contexto en el que los adultos mayores vienen acumulando una marcada pérdida de poder de compra. El aumento del 2,85% resulta insuficiente para compensar el impacto de la inflación acumulada en alimentos, medicamentos, servicios y alquileres, rubros que afectan de manera directa y cotidiana a los jubilados.
Distintos sectores advierten que, aunque el ajuste se calcule en función del IPC, la realidad demuestra que los haberes previsionales continúan corriendo por detrás del costo de vida real. En los hechos, la actualización apenas logra acompañar los números oficiales, pero no revierte el deterioro sufrido durante los últimos meses, en un escenario de ingresos cada vez más ajustados.
La medida se inscribe dentro de la política económica impulsada por el presidente Javier Milei, centrada en el equilibrio fiscal y el control del gasto público. No obstante, para miles de jubilados, la suba oficializada vuelve a dejar en evidencia la distancia entre los anuncios del Gobierno nacional y la realidad que enfrentan quienes dependen de un haber que ya no alcanza para cubrir necesidades básicas.
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