El pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña, a raíz de la polémica vinculada al banco Ueno, abre un nuevo escenario de tensión política en Paraguay.
La Constitución Nacional, en su artículo 225, establece el procedimiento para someter al presidente a juicio político por mal desempeño de sus funciones o por delitos.
La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de formular la acusación y necesita una mayoría de dos tercios: 53 de sus 80 integrantes.
Posteriormente, el Senado debe juzgar al mandatario y necesita 30 votos de sus 45 miembros para declararlo culpable y separarlo del cargo.
En Diputados, la oposición y los sectores disidentes del Partido Colorado reunirían aproximadamente 36 votos, todavía lejos de los 53 necesarios.
Esto significa que necesitan sumar al menos otros 17 legisladores para conseguir que prospere la acusación.
La situación presenta un escenario diferente en el Senado, donde una eventual alianza entre opositores y colorados disidentes podría alcanzar alrededor de 33 votos.
De confirmarse esa correlación, existiría una mayoría potencial para alcanzar los 30 votos necesarios para la destitución.
Sin embargo, una cosa son las proyecciones políticas y otra muy distinta los compromisos efectivos de votación.
El principal obstáculo para la oposición sigue estando en Diputados, donde el oficialismo colorado conserva una importante capacidad de contención.
La posibilidad de avanzar dependerá, fundamentalmente, de que se produzca una fractura dentro del Partido Colorado.
En definitiva, el futuro político de Santiago Peña no dependerá solamente de la oposición, sino también de cuántos legisladores colorados estén dispuestos a romper filas con el oficialismo.