La capital de Misiones atraviesa un escenario de profunda incertidumbre económica en el que el costo de los servicios básicos, la caída del consumo masivo y el sobreendeudamiento asfixian el ingreso de los hogares. A la persistente inflación nacional se suman factores estructurales locales como la falta de red de gas natural, lo que obliga a depender exclusivamente de la electricidad e incrementa fuertemente las facturas tras la quita de subsidios (registrando boletas de luz que superan los $212.000 y de agua por encima de los $80.000). A esto se añade la pérdida de competitividad en producciones clave como la yerba mate y el té, junto con una creciente inseguridad laboral marcada por el cierre de comercios emblemáticos y la paralización de la obra pública.
Frente a esta coyuntura, la población ha reestructurado sus hábitos mediante la eliminación drástica de gastos de ocio, viajes y salud preventiva para priorizar la alimentación diaria y evitar la mora en los servicios. Sin embargo, recurrir al refinanciamiento con tarjetas y a préstamos de empresas financieras a altas tasas ha derivado en un severo problema crediticio: según datos del BCRA analizados por el CEPA, Misiones registra 165.158 deudores morosos (17,1% de morosidad provincial), concentrados mayoritariamente en la franja de 25 a 34 años, y con 109.974 casos clasificados en Situación 5 (irrecuperable).
Especialistas advierten que restringir de forma tajante el acceso al crédito para frenar la morosidad podría asfixiar aun más la capacidad de consumo y la actividad productiva de las familias golpeadas por la recesión.
