La medida alcanzó al comisario retirado Evaldo Katz, y a sus camaradas Mario Francisco Villar, José Roberto Pereyra Da Silva, Cristian Andrés Silva, Juan Ramón Ferreyra y Alejandro Alfonso González Samudio. Todos estos, quienes fijaron sus respectivos domicilios en Dos de Mayo, Colonia Victoria y Oberá, accedieron a la prisión domiciliaria bajo caución juratoria y deberán acatar distintas medidas para continuar gozando del beneficio.
El expediente dio un giro determinante esta semana a partir del pedido de detención dispuesto por la Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza Verónica Skanata, que involucra a 17 efectivos —activos y retirados— que prestaban servicio en la comisaría de Dos de Mayo al momento del hecho.
La Fiscalía Federal N° 2, encabezada por Silvina Gutiérrez, sostiene la hipótesis de un “pacto de silencio institucional” y un plan coordinado para garantizar la impunidad. Los investigadores sospechan que los uniformados tuvieron distintos grados de participación en la privación ilegítima de la libertad de Golemba, su custodia clandestina dentro de la dependencia y en posteriores maniobras —como presuntas omisiones en registros oficiales— destinadas a ocultar lo ocurrido.
Un reclamo de más de 16 años
Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Aquella jornada salió de su casa en Picada Indumar (Dos de Mayo) rumbo a Oberá para asistir a una consulta médica. Tras avisar a su familia que regresaría más tarde, nunca volvió a su hogar.
Aunque inicialmente la causa tramitó en la Justicia provincial bajo distintas hipótesis, con el tiempo testimonios clave —entre ellos de dos personas bajo identidad reservada que afirmaron haberlo visto detenido y golpeado en la comisaría de Dos de Mayo— reorientaron la investigación. En 2021, por impulso de la familia y la querella, el caso pasó al fuero federal caratulado como desaparición forzada de persona, instancia que hoy registra sus avances más significativos.
