El fideicomiso creado por decreto en 2001 debía financiar exclusivamente obras viales con lo recaudado del impuesto a los combustibles. Entre 2024 y 2026 ejecutó apenas una cuarta parte de esos fondos y colocó el resto en instrumentos financieros del Tesoro.

El Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, es el fideicomiso a través del cual una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) llega, en teoría, al financiamiento de la red vial nacional. Sin embargo, un informe periodístico reveló que, entre 2024 y mayo de 2026, el organismo ejecutó apenas una cuarta parte de lo recaudado y mantuvo el resto en colocaciones financieras.
El fondo fue creado por el decreto 1377/2001, que estableció el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) e incluyó dentro de esa estructura al SisVial y al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER). El decreto 976/2001, complementario, definió el esquema fiduciario. El objetivo prioritario, según la normativa, consiste en “proveer al crecimiento equitativo de la economía nacional y al adelanto y bienestar de las provincias”.
El marco legal y la asignación específica
La Ley 23.966 crea el impuesto a los combustibles líquidos y, en su artículo 19 —con la redacción vigente desde la reforma tributaria de 2017, introducida por la Ley 27.430—, distribuye la recaudación entre distintos destinos sin dejar un punto porcentual sin asignación escrita. De ese total, un 28,58% corresponde al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, creado por el decreto 976/2001, mientras que un 28,69% se destina al Sistema Único de Seguridad Social.
Dentro del fideicomiso de transporte, y tras la deducción de una reserva de liquidez del 1,5%, la mitad de esos fondos se canaliza específicamente hacia el SisVial, la vía por la que los recursos llegan a la Dirección Nacional de Vialidad. El resto se reparte entre el transporte automotor y el ferroviario, según lo establecido por el decreto 301/2018. El esquema, según los antecedentes, fue impulsado originalmente a requerimiento del Banco Mundial para condicionar un préstamo a la Argentina y evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara en gastos corrientes del Estado.
El SisVial, además, opera bajo un régimen específico que lo excluye de la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional, aunque permanece bajo el control formal de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Comparación entre los períodos 2024-2025-2026 y los instrumentos financieros
Los datos relevados por la investigación periodística permiten una comparación entre los tres últimos períodos. Durante 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado, equivalente a $40.668 millones sobre un total de $360.238 millones. En 2025, año electoral, la ejecución subió al 39%, con $270.592 millones aplicados sobre $692.514 millones recaudados. Entre enero y mayo de 2026, el porcentaje volvió a bajar, hasta el 18,5%, con $83.144 millones ejecutados sobre $450.500 millones recaudados.
El acumulado del período arroja $1.503.252 millones recaudados y apenas $394.406 millones aplicados efectivamente a obras viales, lo que equivale a una tasa de subejecución del 73,8%. El resto del dinero, según la investigación, permaneció inmovilizado en el Banco Nación bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas.
En cuanto a los instrumentos utilizados para esas colocaciones, hasta mediados de 2025 la cartera del SisVial estaba compuesta casi en su totalidad por plazos fijos en el Banco Nación. El primer antecedente en títulos públicos fue una LECAP por $30.000 millones nominales, incorporada a la cartera al 30 de septiembre de 2024. Posteriormente, la composición cambió de manera sustancial: en junio de 2025 los títulos públicos representaban el 11,5% de la cartera, y en julio ese porcentaje saltó al 61,5%.
La tenencia más grande del período, de $374.826 millones nominales, figuró como LECAP en los anexos de noviembre y diciembre de 2025, luego fue reclasificada como BONCAP al 31 de enero de 2026 y desapareció de la cartera en febrero. Ese mismo mes ingresó una LECER —instrumento indexado por inflación— por $150.704 millones, que se mantuvo hasta abril y tampoco figuró en el anexo de mayo.
Al 31 de mayo de 2026, la cartera total del fondo alcanzaba más de un billón de pesos, de los cuales $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. El valor nominal de esa cartera era de $960.088 millones, con una diferencia de casi $41.000 millones correspondiente a la valuación de mercado de los títulos. Como referencia del contraste entre inversión financiera y ejecución vial, el 31 de marzo de 2026 el fideicomiso destinó $1.090 millones a obras viales, mientras su cartera de inversiones financieras creció $83.840 millones en ese mismo mes.

